Estaban aquí. Siempre estuvieron aquí.
Veinte años de pruebas que destruyen el argumento favorito del gobierno de Bukele
Ruth lleva ... días detenida arbitrariamente
Hay una pregunta que el gobierno salvadoreño lanza con regularidad, como si fuera un argumento. Aparece en ruedas de prensa, en cuentas oficiales, en la boca de funcionarios cuando una organización de derechos humanos publica un informe incómodo:
"¿Dónde estaban las ONGs cuando las pandillas mataban a nuestras familias?"
La pregunta suena devastadora. Está diseñada para serlo. Está construida para generar vergüenza, para poner a la defensiva a quienes documentan abusos del Estado, para sugerir que la crítica al régimen es hipocresía de quienes miraron hacia otro lado mientras el crimen arrasaba comunidades enteras.
El problema es que la pregunta se sostiene sobre una mentira.
No una omisión, no una imprecisión, no una perspectiva distinta. Una mentira documentada, verificable y refutable con nombres, fechas, informes y fallos judiciales. Lo que sigue es esa documentación.
2003-2004: Las ONGs estaban en los tribunales, impugnando la represión
La primera gran política de seguridad de la era moderna contra las pandillas se llamó Mano Dura. La impulsó el presidente Francisco Flores en 2003. Su promesa: arrestar a cualquier persona con tatuajes o señales de pertenencia a pandillas. Su resultado: más de 20,000 personas detenidas, el 91% liberadas sin cargos por falta de evidencia.
Mientras el Estado celebraba las cifras de capturas, la FESPAD (Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho) presentó impugnaciones constitucionales contra la Ley Anti-Maras. No lo hizo calladamente: argumentó ante la Corte Suprema de Justicia que la ley violaba la Convención de los Derechos del Niño y criminalizaba a jóvenes por su apariencia, no por sus actos.
La Corte le dio la razón. La ley fue declarada inconstitucional.
Las ONGs no estaban mirando hacia otro lado mientras las pandillas crecían. Estaban en los tribunales documentando que las políticas de represión masiva sin proceso judicial no solo eran ilegales — sino que estaban alimentando el problema.
2004: La CIDH ya sabía lo que pasaba en las cárceles
En agosto de 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado sobre la violencia carcelaria vinculada a pandillas en el Centro Penal La Esperanza. No fue el último. Fue el primero de una serie que se extendería durante quince años.
Ese mismo año, la organización Las Dignas inició un monitoreo sistemático de feminicidios a través de medios de comunicación. No existía entonces ningún sistema oficial de registro. El Estado no contaba los cuerpos de mujeres asesinadas con la misma diligencia que contaba otras estadísticas. Las organizaciones de mujeres lo hacían por él.
2006-2009: Los informes que nadie quería leer
En noviembre de 2006, la WOLA (Washington Office on Latin America) publicó Youth Gangs in Central America, un análisis que desarmaba la lógica de la Mano Dura con datos: las detenciones masivas no reducían la violencia. Las pandillas se fortalecían dentro de las cárceles. Las deportaciones desde Estados Unidos alimentaban el reclutamiento. La política pública estaba produciendo exactamente lo contrario de lo que prometía.
En 2007, WOLA y la Escuela de Derecho de Harvard publicaron No Place to Hide: Gang, State, and Clandestine Violence in El Salvador, exponiendo simultáneamente la violencia pandilleril y la violencia extrajudicial del Estado — dos caras del mismo fracaso institucional que las comunidades vivían a diario.
En 2009, el programa POLJUVE — impulsado por FESPAD e Interpeace con apoyo de la AECID española — publicó Violencia Juvenil, Maras y Pandillas en El Salvador. Su diagnóstico fue claro: El Salvador invertía más en castigo que en prevención. Más en encarcelar que en educar. Más en reaccionar que en construir condiciones de vida dignas para la juventud.
Nadie en el poder quería escuchar ese análisis. Las ONGs lo publicaron de todas formas.
2009-2010: Las Dignas logra lo que el Estado no había hecho en décadas
En julio de 2009, la red feminista REDFEM — integrada por Las Dignas, Las Mélidas, ORMUSA y CEMUJER — presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV). Fue aprobada en noviembre de 2010.
Era la primera ley en la historia del país que reconocía el feminicidio como categoría penal específica, que obligaba al Estado a registrar y perseguir la violencia de género de forma sistemática. Las organizaciones de mujeres habían documentado durante años lo que el Estado ni siquiera quería nombrar: que las pandillas forzaban matrimonios con niñas desde los 12 años, que usaban la violencia sexual como instrumento de control territorial, que mataban mujeres porque sí.
La ley existe porque las ONGs la impulsaron. El Estado la tenía pendiente desde hacía décadas.
En junio de 2010, el Barrio 18 quemó dos microbuses en Mejicanos, matando a 19 personas. Las organizaciones de derechos humanos pusieron en contexto lo que los medios presentaron como un evento aislado: 217 conductores y trabajadores del transporte habían sido asesinados en los 18 meses previos, víctimas de la extorsión sistemática que el Estado toleraba o ignoraba.
2012-2014: La tregua, los mediadores civiles y ACNUR llegando a las puertas
En marzo de 2012, con mediación del ex guerrillero Raúl Mijango y el Obispo Fabio Colindres, se anunció una tregua entre la MS-13 y el Barrio 18. Los homicidios cayeron drásticamente. El IUDOP de la UCA realizó encuestas de opinión pública. La OEA se incorporó como observador internacional. La sociedad civil fue parte activa del proceso.
Cuando la tregua colapsó en 2014 y los homicidios comenzaron a repuntar, las organizaciones de derechos humanos ya estaban documentando el deterioro — y las causas estructurales que ninguna tregua, por sí sola, podía resolver.
En marzo de 2014, ACNUR publicó Children on the Run, resultado de entrevistas con 404 niños centroamericanos detenidos en la frontera estadounidense. El hallazgo fue demoledor: el 58% de los niños salvadoreños presentaba necesidades concretas de protección internacional, principalmente por violencia pandilleril. No eran migrantes económicos. Eran refugiados que huían de un terror que el Estado no podía o no quería controlar.
2014: Nace la Mesa de Sociedad Civil — una coalición de 13 organizaciones
Ante la ausencia total de políticas de atención al desplazamiento interno, más de una docena de organizaciones tomaron la iniciativa que el Estado se negaba a tomar. La Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado por Violencia se constituyó en 2014 con la participación de Cristosal, IDHUCA, FESPAD, SSPAS, MSF, Save the Children, Visión Mundial, la Cruz Roja, el Consejo Noruego para Refugiados y otras.
En enero de 2015, la Mesa envió una carta formal al Secretario General de la ONU denunciando la crisis de desplazamiento. El Estado salvadoreño ni siquiera reconocía oficialmente que el problema existía.
En octubre de 2015 — el año en que El Salvador se convirtió en el país más violento del mundo fuera de zonas de guerra activa — la Mesa presentó formalmente el problema ante la CIDH en Washington.
Las ONGs no estaban mirando desde afuera. Estaban construyendo la arquitectura de respuesta que el Estado no tenía.
2015: El año más violento. 6,656 muertos. Las ONGs en el terreno.
103 homicidios por cada 100,000 habitantes. Eso fue la tasa de 2015. El 23 de agosto de ese año, 52 personas fueron asesinadas en un solo día. Entre 2009 y 2019, más de 41,000 salvadoreños perdieron la vida en un país que no estaba técnicamente en guerra.
Ese mismo año, el gobierno del presidente Sánchez Cerén lanzó el Plan El Salvador Seguro, con participación de la sociedad civil y el PNUD como secretaría técnica. El plan asignó el 74% de sus recursos a prevención — exactamente lo que las ONGs llevaban años exigiendo.
El IDMC calculó 288,900 desplazados internos a finales de 2014. El International Rescue Committee elevó esa cifra a 324,000 para 2015 — el 5.2% de la población total del país.
FUSADES publicó ese año un estudio que encuestó a 3,977 empresas: el 22% de micro y pequeñas empresas pagaba extorsión regularmente. El 85% de los casos no se denunciaban por miedo a represalias. El costo total de la violencia equivalía al 16% del PIB — más de 4,000 millones de dólares anuales.
Nadie tenía esos números si no los producía la sociedad civil. El Estado no los quería contar.
2016-2017: Cristosal prueba que el desplazamiento existe. El Estado lo niega.
Cristosal — la misma organización donde Ruth Eleonora López Alfaro trabajó como Directora Jurídica hasta su detención — llevaba años documentando lo que el Estado se resistía a reconocer: que cientos de miles de familias habían sido expulsadas de sus hogares, colonias y municipios por amenazas pandilleriles.
Su Informe sobre situación de desplazamiento forzado por violencia generalizada (2016) no solo documentó el rol de las pandillas: también reveló que 19 casos de desplazamiento fueron causados por la Fuerza Armada y 8 por la Policía Nacional Civil. El Estado no era solo víctima del problema. En algunos casos, era parte de él.
Para 2017, Cristosal había atendido a cientos de familias desplazadas y confirmado que las pandillas eran responsables del 83% del desplazamiento documentado.
2017-2018: La ONU llega a El Salvador con datos que las ONGs pusieron en sus manos
En agosto de 2017, la Relatora Especial de la ONU sobre Desplazamiento Interno, Cecilia Jiménez-Damary, visitó El Salvador. Llegó preparada con datos de Cristosal y la PDDH. Calificó la situación como "una tragedia oculta" e instó al Estado a actuar con urgencia.
Seis meses después, en enero de 2018, la Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Agnes Callamard, inició una visita oficial. Lo que encontró fue documentado con precisión: las muertes de presuntos pandilleros a manos de la policía habían pasado de 103 en 2014 a 591 en 2016. Un aumento del 474% en dos años. Callamard lo denominó "un patrón de comportamiento equivalente a ejecuciones extrajudiciales."
Ese patrón había sido documentado primero por el IDHUCA, SSPAS y Cristosal. La ONU llegó con preguntas. Las ONGs salvadoreñas tenían las respuestas.
Julio 2018: Un fallo histórico que el Estado no puede borrar
El 10 de julio de 2018, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo sin precedentes en la historia salvadoreña: ordenó al Estado reconocer oficialmente el desplazamiento forzado interno y legislar protecciones para las víctimas.
El fallo fue el resultado directo de los amparos presentados por Cristosal a nombre de seis familias desplazadas que habían documentado con esa organización las amenazas que las obligaron a huir. No fue un regalo del Estado. Fue una victoria arrancada por la sociedad civil tras años de trabajo silencioso y metódico en los barrios más peligrosos del país.
La ley de protección a desplazados internos fue aprobada en febrero de 2020. Existe porque las ONGs la hicieron posible.
2017-2019: MSF regresa a El Salvador por una emergencia humanitaria
Que Médicos Sin Fronteras decida abrir operaciones en un país es una señal que no se puede ignorar. MSF regresó a El Salvador en 2017 específicamente por la violencia pandilleril. Operó en barrios de San Salvador y Soyapango que los propios equipos de salud pública no podían acceder con seguridad.
- 2018: Atención a más de 9,300 personas. Salud mental a 1,434 pacientes, el 57% víctimas directas de violencia.
- 2019: Asistencia a 71 víctimas de violencia sexual. Miles de consultas en zonas de acceso restringido por control territorial de pandillas.
MSF también publicó en 2019 el posicionamiento El Salvador no es un país seguro para refugiados ni solicitantes de asilo, dirigido específicamente a los gobiernos de Estados Unidos y México que devolvían salvadoreños a un país que, según la propia organización, representaba un riesgo documentado para su vida.
Las ONGs no estaban en reuniones en salas climatizadas. Estaban en Soyapango. En los barrios donde el Estado no entraba.
El registro completo: más de 30 organizaciones, más de dos décadas
| Organización | Tipo | Contribución principal |
|---|---|---|
| Cristosal | Nacional | Documentación de desplazamiento forzado; fallo constitucional 2018 |
| FESPAD | Nacional | Impugnación Ley Anti-Maras; documentación de desapariciones |
| IDHUCA (UCA) | Nacional | 377 casos en 2018; documentación de ejecuciones extrajudiciales |
| SSPAS | Nacional | 22 años de análisis de políticas de seguridad; datos ante CIDH |
| ORMUSA | Nacional | Observatorio de feminicidios; 286,415 hechos de violencia documentados |
| Las Dignas | Nacional | Monitoreo feminicidios desde 2004; impulso de la LEIV |
| Human Rights Watch | Internacional | Capítulos anuales en World Report; informe Deported to Danger |
| Amnistía Internacional | Internacional | Cobertura anual; designación de presos de conciencia |
| CIDH/IACHR | Internacional | Comunicados desde 2004; visita in loco 2019; informe integral 2021 |
| ACNUR/UNHCR | Internacional | Children on the Run (2014); Women on the Run (2015) |
| WOLA | Internacional | Youth Gangs in Central America (2006); No Place to Hide (2007) |
| MSF/Médicos Sin Fronteras | Internacional | Operaciones en terreno 2017-2019; miles de pacientes atendidos |
La respuesta que el gobierno no quiere escuchar
¿Dónde estaban las ONGs cuando las pandillas mataban?
Estaban en los tribunales, impugnando leyes que criminalizaban a jóvenes por sus tatuajes.
Estaban en los barrios de Soyapango, donde Médicos Sin Fronteras atendía víctimas a las que el sistema de salud no llegaba.
Estaban en Ginebra y Washington, presentando ante la ONU y la CIDH los datos que el Estado salvadoreño no quería que nadie tuviera.
Estaban en la Sala de lo Constitucional, logrando en 2018 el primer reconocimiento judicial del desplazamiento forzado interno — un problema que el Estado había negado durante años.
Estaban documentando 450,000 personas desplazadas, cuando el gobierno ni siquiera reconocía que el fenómeno existía.
La pregunta "¿dónde estaban las ONGs?" no es una pregunta honesta. Es una maniobra retórica cuyo objetivo es deslegitimar a quienes hoy documentan las violaciones del régimen actual — el mismo régimen que detuvo a Ruth Eleonora López Alfaro el 18 de mayo de 2025, precisamente porque su organización, Cristosal, llevaba años haciendo exactamente ese trabajo.
No es casualidad que Ruth trabajara en Cristosal. No es casualidad que Cristosal sea hoy una organización en el exilio. No es casualidad que el gobierno que persigue a las ONGs sea el mismo que pregunta dónde estaban.
Las ONGs estuvieron donde el Estado no quiso estar. Por eso el Estado las persigue.
Fuentes y referencias documentales
- Cristosal. Informe sobre situación de desplazamiento forzado por violencia generalizada en El Salvador (2016)
- FESPAD / Interpeace / POLJUVE. Violencia Juvenil, Maras y Pandillas en El Salvador (2009)
- PDDH. Informe Preliminar sobre Desplazamiento Forzado por Violencia (2017)
- Human Rights Watch. Deported to Danger (febrero 2020)
- ACNUR. Children on the Run (marzo 2014)
- OHCHR. Declaración Cecilia Jiménez-Damary sobre El Salvador (agosto 2017)
- OHCHR. Agnes Callamard, End of Mission Statement El Salvador (febrero 2018)
- WOLA. Youth Gangs in Central America (noviembre 2006)
- MSF. El Salvador 2018 Activity Report
- CIDH. Situación de derechos humanos en El Salvador (octubre 2021)
- El Faro. PDDH: La Policía ejecutó a 116 personas entre 2014 y 2018 (agosto 2019)
Este artículo fue elaborado por el equipo de LibertadParaRuth.org con base en documentación pública verificable. ¿Tienes información adicional o correcciones? Escríbenos a: contacto@libertadpararuth.org
Ruth lleva más de 300 días detenida